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las medidas urgentes contra el paro se tramitan como proyecto de ley ante la falta de apoyos parlamentarios

ZP empieza a notar la soledad

Redacción Madrid. 26 de marzo.

El Real Decreto de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de los parados no logró el apoyo explícito de sindicatos ni empresarios, y tampoco ha conseguido el respaldo sin fisuras de los partidos de la oposición. El Gobierno se ha visto obligado a tramitarlo como proyecto de Ley, abriendo la puerta a la introducción de enmiendas, ante el rechazo del resto de formaciones a darle el visto bueno sin condiciones, en un ejemplo más del precario esquema de apoyos parlamentarios del Ejecutivo. El Congreso aprobó su convalidación como Decreto Ley por 184 votos a favor (PSOE, CiU, BNG y CC) y 162 en contra (PP, PNV y ERC-IU-ICV), y sólo consiguió la unanimidad de los diputados para aprobar su tramitación como proyecto de Ley.

El PSOE se vió obligado a tramitar el Real Decreto como proyecto de Ley para evitar perder la votación, a pesar de que hace sólo dos días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmaba que la urgencia de las medidas desaconsejaba su tramitación por esta via para para evitar alargar el proceso "de ocho a diez meses".

Corbacho defendió este jueves en el estrado la oportunidad de unas medidas que buscan "mantener el empleo, mejorar la protección de los parados" y generar nuevos puestos de trabajo; entre las que citó las modificaciones en la regulación de los ERE s en beneficio de trabajadores y empresarios -incluída la posibilidad de que los trabajadores afectados por ERE s temporales que finalmente sean despedidos recuperen las prestaciones por desempleo-, los incentivos a la contratación temporal, o, la más contestada por la oposición, la posibilidad destinar voluntariamente las prestaciones por desempleo de parados a bonificar las cuotas empresariales a la seguridad social en caso de que firmen un contrato indefinido y se comprometan a mantener al trabajador en el puesto al menos un año.

Mientras, el portavoz parlamentario de Economía del PP, Cristóbal Montoro afirmó que que el Real Decreto es una "chapuza" y una muestra más de la "improvisación" del Gobierno. "La montaña ha terminado pariendo un ratoncito; nadie puede pretender que estas medidas van a resolver el problema del paro", afirmó, tras acusar al Gobierno devolvernos a la España de las tasas de paro del 23% o de "la imposibilidad material de pagar las pensiones". Para Montoro, el Real Decreto, que tildó de insuficiente no es más que el último ejemplo de los "palos de ciego" que está dando el "peor Gobierno de la democracia".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, criticó la tendencia del Gobierno a legislar por decreto y que se destine la prestación de desempleo a bonificar los contratos, lo que supone discriminar al millón de trabajadores que no tienen ninguna cobertura, una crítica repetida por Joan Tardá, de ERC, quien afirmó que la iniciativa supone una "perversa mercantilización del contrato de trabajo".

Más crítico fue Emilio Olabarría, del PNV, quien manifestó que las medidas suponen "intentar iluminar Versalles con una cerilla", al tratarse de iniciativas insuficientes y no acordadas. Olabarría, quien lamentó que el Gobierno busque ahora el apoyo de los grupos parlamentarios ante el fracaso del diálogo social, aseguró que no hay "nada más regresivo que el hecho de que el trabajador tenga que comprarse su contrato", algo que calificó como "una perversión indignante".

Mientras, Carles Campuzano, de CiU incidió en la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas en el trámite parlamentario y en el proceso de diálogo social, que pasen por acabar con la segmentación del mercado de trabajo, conseguir una negociación colectiva más flexible o vincular políticas pasivas y activas de empleo.

Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, afirmó que se trata de un paquete de "medidas paliativas pero dificilmente generadoras de empleo", coyunturales y no acordadas con los agentes sociales, mientras quie Rosa Díez, de UPyD, criticó que el Gobierno ande "a remolque" de la crisis con medidas "condenadas al fracaso por improvisadas" y afirmó que sin una reforma laboral profunda no se resolverán los problemas del mercado laboral.

 

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